Colombia decreta estado de conmoción por violencia en la región de Catatumbo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el viernes el “estado de conmoción interior” en el noreste del país, una medida que otorga facultades extraordinarias al gobierno para abordar la reciente escalada de violencia en la región fronteriza con Venezuela. Esta decisión, que no se había implementado en más de una década, busca restablecer el orden público en el Catatumbo, una zona afectada por enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

El estado de conmoción interior, vigente por un plazo inicial de 90 días (prorrogable dos veces), permite al gobierno dictar medidas como restricciones a la libre circulación, toques de queda y la expedición de decretos con fuerza de ley sin necesidad de aprobación previa del Congreso. Estas disposiciones están sujetas a un control posterior por parte de la Corte Constitucional, que puede invalidarlas si no se ajustan a la legalidad.

Según cifras oficiales, la violencia en el Catatumbo ha dejado al menos 80 muertos y 36.000 desplazados en los últimos días, lo que representa uno de los mayores desplazamientos masivos en Colombia desde 1997. La Defensoría del Pueblo ha destacado la gravedad de la situación, atribuyendo la crisis a la lucha por el control territorial entre grupos armados, particularmente el ELN.

En respuesta, el gobierno suspendió las negociaciones de paz con el ELN, activas desde noviembre de 2022, y la Fiscalía reactivó órdenes de captura contra 31 altos mandos y voceros de la guerrilla. Además, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que las medidas buscan atender a las comunidades afectadas, fortalecer la presencia estatal en la región y mejorar la infraestructura, salud y educación, áreas históricamente descuidadas.

Desde Tibú, uno de los municipios más afectados, el líder social Jaime Botero respaldó la declaratoria, argumentando que la ausencia del Estado ha permitido que grupos armados asuman funciones gubernamentales, como la construcción de carreteras y escuelas. Sin embargo, sectores opositores han criticado la medida, advirtiendo que podría ser utilizada para impulsar reformas no aprobadas por el Congreso.

El presidente Petro rechazó estas acusaciones, afirmando que el objetivo principal es financiar mejoras en el Catatumbo y defender la soberanía nacional. Además, anunció que ha establecido contacto con el gobierno venezolano para coordinar esfuerzos conjuntos que permitan erradicar a los grupos armados y bloquear los más de 50 pasos ilegales en la frontera de 2.200 kilómetros entre ambos países.

La violencia en el Catatumbo se ha intensificado debido a su ubicación estratégica y su conexión con economías ilícitas, como el narcotráfico. Analistas señalan que una tregua entre los grupos armados se rompió recientemente, lo que ha exacerbado la crisis humanitaria en la región.