Desafíos económicos y sociales ante posibles deportaciones masivas en México

Ciudad de México.- Autoridades locales, líderes de organizaciones migrantes y senadores han reconocido la falta de preparación de los gobiernos federal, estatales y municipales para enfrentar las posibles deportaciones masivas de migrantes mexicanos desde Estados Unidos. La ausencia de un plan integral que aborde programas de empleo, la ampliación de la red de salud y la atención educativa para niños y adolescentes que solo hablan inglés, entre otros aspectos, representa un desafío significativo.

Cientos de municipios expulsores de mano de obra, que dependen económicamente de las remesas enviadas por migrantes desde Estados Unidos, se encuentran en alerta ante la eventual deportación de cientos de miles de mexicanos. Esta situación podría tener un impacto devastador en las economías locales, ya que muchas familias y comunidades dependen en gran medida de estos ingresos para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y salud.

Municipios de estados como Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Oaxaca son los más afectados por las políticas migratorias implementadas por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con deportar a un millón de migrantes al año, de los cuales se estima que al menos 500,000 son mexicanos. Según un estudio de BBVA, en 11 entidades del país, las remesas representan más del 50% de los ingresos brutos estatales, destacando Michoacán (96.7%), Guanajuato (80.6%) y Zacatecas (76.6%).

Norma Muñoz, alcaldesa de Satevó, Chihuahua, señaló que muchas economías locales dependen casi exclusivamente de las remesas, las cuales financian no solo a las familias, sino también actividades como la agricultura, la ganadería y el comercio. En Satevó, por ejemplo, la población trabaja principalmente en la minería, la agricultura y la ganadería, pero estas últimas actividades han sido devastadas por la sequía, lo que ha hecho que los dólares enviados por los migrantes sean el principal sustento de las familias.

Muñoz también destacó la falta de infraestructura en salud, educación y empleo para atender a los deportados. Además, mencionó que programas como el “3 por 1”, que generaba empleos mediante la combinación de recursos de remesas, gobiernos federales y municipales, fueron eliminados durante la administración de López Obrador, lo que ha dejado a los municipios sin herramientas para enfrentar esta crisis.

Por su parte, María Dayana Pérez Mendoza, alcaldesa de Salvador Escalante, Michoacán, reconoció que los recursos disponibles son insuficientes para atender a los migrantes deportados. Aunque se han implementado programas como “México Te Abraza” y “Cuarto Rosa” para apoyar a familias de escasos recursos, aún no se cuenta con un diagnóstico preciso sobre el número de migrantes originarios del municipio que podrían ser deportados.

El senador Mario Vázquez Robles, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, advirtió que el gobierno mexicano ha subestimado el impacto económico y social que tendría una caída en las remesas. La pérdida de estos ingresos, que representan una parte importante del ingreso nacional en estados como Michoacán, Jalisco y Zacatecas, podría llevar a un aumento de la pobreza, la desigualdad y la presión sobre los servicios públicos.

Virginio Paloma Ramírez, migrante hidalguense y presidente del Consejo Mexicano de la Bahía de Tampa en Florida, expresó su preocupación por la incertidumbre que rodea las posibles deportaciones. Destacó que las remesas no solo sostienen a millones de familias, sino que también contribuyen a la estabilidad económica y social de México.

En promedio, un migrante mexicano envía entre 800 y 1,200 dólares mensuales a sus familias, aunque algunos pueden enviar hasta 3,000 dólares. Estos ingresos son vitales para muchas comunidades, especialmente en regiones donde la pobreza y el abandono del campo son predominantes.

En conclusión, la posible deportación masiva de migrantes mexicanos representa un desafío multifacético que requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte de los gobiernos federal, estatales y municipales. La falta de preparación y recursos podría agravar las condiciones económicas y sociales en los municipios más dependientes de las remesas, lo que subraya la urgencia de implementar estrategias integrales para mitigar este impacto.