Prisión preventiva oficiosa y militarización vulneran derechos humanos en México

Organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y Seguridad sin Guerra, han señalado que la prisión preventiva oficiosa (PPO) representa una grave violación a los derechos humanos. Esta medida, vigente en México desde 1993, vulnera principios fundamentales como la presunción de inocencia, la independencia judicial, el derecho a una defensa adecuada y la protección contra la privación arbitraria de la libertad.

Según estas organizaciones, la PPO ha sido criticada por organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, por constituir una forma de detención que no respeta el debido proceso legal. Además, han identificado que esta medida afecta de manera desproporcionada a personas en situación de vulnerabilidad, como aquellas con escasos recursos, jóvenes, comunidades racializadas y habitantes de zonas marginadas o periféricas.

En una carta abierta, las ONGs argumentaron que ni la PPO ni la militarización de la seguridad pública han logrado reducir la impunidad o la incidencia delictiva en el país. Recientemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe sobre la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y un pronunciamiento sobre la ampliación del catálogo de delitos que ameritan PPO. Sin embargo, las organizaciones criticaron que estos documentos ofrecen una visión parcial, omiten información contextual clave y no mencionan las obligaciones del Estado mexicano con los sistemas internacional e interamericano de derechos humanos.

Las ONGs destacaron que el comunicado de la CNDH omite referirse a la PPO de manera directa, centrándose únicamente en la prisión preventiva justificada. Además, señalaron que la reforma al artículo 19 de la Constitución obliga a los jueces a ordenar la prisión preventiva de manera automática e injustificada para una lista cada vez más extensa de delitos, lo cual no fue mencionado en el comunicado. Esta omisión, según las organizaciones, no puede considerarse un error o negligencia, sino una deliberada abstención de informar sobre el verdadero alcance de la reforma constitucional.

En cuanto a la militarización de la seguridad pública, las ONGs criticaron el informe especial de la CNDH por justificar la participación de las fuerzas armadas en estas tareas, lo cual dista de ser una evaluación imparcial. Señalaron que el informe omite reconocer el proceso de militarismo en México, donde el Estado ha otorgado a las fuerzas armadas un papel central en la seguridad pública, priorizando tácticas y armas de guerra sobre enfoques basados en derechos humanos.

Las organizaciones han insistido en que la militarización no es la solución para los problemas de seguridad en México. En su lugar, proponen fortalecer las corporaciones policiales con recursos técnicos, capacitación adecuada y equipamiento necesario para garantizar su eficacia y profesionalismo. Además, han subrayado la necesidad de mejorar las fiscalías, que actualmente carecen de personal capacitado, no realizan inspecciones adecuadas en los lugares de los hechos y no resguardan correctamente las evidencias, lo que contribuye a la impunidad.

Finalmente, las ONGs instaron a la CNDH a proponer medidas constructivas para fortalecer los derechos humanos en México y a cumplir con el espíritu con el que fue creada en 1990. También hicieron un llamado al Estado mexicano para elevar el nivel del diálogo y establecer puentes con la academia y expertos, con el fin de consolidar un sistema de derechos humanos que garantice la seguridad y la justicia para todas las personas.