Recortes presupuestarios afectan elecciones judiciales en 10 estados mexicanos

El próximo 1 de junio, además de las elecciones federales, más de la mitad de las entidades federativas del país renovarán una parte de su Poder Judicial. Sin embargo, 10 de los 17 estados que llevarán a cabo este proceso enfrentan una situación financiera crítica debido a recortes presupuestarios significativos. Los congresos locales han reducido hasta en un 83% los recursos solicitados por los institutos electorales, lo que compromete la operatividad de estos organismos y la realización efectiva de los comicios.

Entre los estados afectados se encuentran Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco y Zacatecas. En contraste, los organismos electorales de Michoacán, Durango, Tlaxcala, Coahuila, Chihuahua y Baja California recibieron el presupuesto completo solicitado, mientras que Sonora experimentó una disminución mínima del 1.3%.

Según el último informe del Instituto Nacional Electoral (INE), la situación más grave se presenta en cuatro estados. Por ejemplo, en San Luis Potosí, el organismo electoral solicitó 247 millones de pesos para gastos operativos y 208 millones para el proceso electoral judicial, pero el Congreso local solo aprobó 79.6 millones, equivalente al 17.4% del monto requerido. Ante esto, el instituto ha solicitado a los legisladores la reposición de los 208 millones necesarios para garantizar la contienda de juzgadores.

Zacatecas enfrenta un escenario similar, con un recorte del 83% en su presupuesto. El instituto electoral local solicitó 177.3 millones de pesos, pero solo recibió 30 millones, cantidad insuficiente incluso para cubrir los salarios de los empleados hasta abril y los servicios básicos hasta junio. Además, el organismo había solicitado 89 millones adicionales como medida precautoria ante la posible aprobación de una consulta de revocación del gobernador en turno, lo que agrava su situación financiera.

En Aguascalientes, el recorte fue del 82.5%, ya que de los 321 millones solicitados, solo se aprobaron 56 millones. Colima, por su parte, recibió únicamente 20 millones de los 64.4 millones solicitados, lo que representa una reducción del 68.9%. Ante esta situación, el organismo electoral de Colima impugnó la decisión del Congreso ante el Tribunal Electoral local el 13 de enero de 2025, y actualmente espera una resolución.

Tamaulipas también enfrenta dificultades significativas, con un recorte del 53.9% en su presupuesto. De los 810 millones solicitados, solo se aprobaron 373 millones, lo que limita su capacidad para cubrir tanto los gastos operativos como los relacionados con la elección judicial.

El INE ha advertido que algunos organismos locales solicitarán ampliaciones presupuestales, ya que al momento de aprobar sus proyectos, los congresos no habían autorizado la realización de las elecciones judiciales. Además, en esta ocasión, el INE no brindará acompañamiento técnico ni asesorías para los cómputos electorales, lo que representa un gasto adicional para los organismos estatales.

Desde hace cuatro años, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) han enfrentado una situación financiera precaria debido a los recortes presupuestarios impulsados por gobiernos y congresos controlados por Morena, siguiendo una estrategia similar a la aplicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el INE. A pesar de las dificultades, los organismos han logrado llevar a cabo procesos electorales anteriores mediante la reducción de personal y el endeudamiento.

El INE ha destacado que las entidades que celebren elecciones en 2025 deberán solicitar recursos adicionales mediante ampliaciones presupuestales, ya que las reformas constitucionales relacionadas con el Poder Judicial fueron aprobadas después de la presentación de sus anteproyectos. Además, otros estados que no realizarán elecciones también enfrentarán problemas en su operación ordinaria debido a los recortes.

En conclusión, la falta de recursos financieros en 10 estados mexicanos representa un desafío significativo para la realización de elecciones judiciales justas y transparentes. Esta situación no solo afecta la operatividad de los organismos electorales, sino que también pone en riesgo la integridad de los procesos democráticos en el país.