Tribunal ordena a la FGR publicar el Programa Nacional contra la Tortura

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México emitió una sentencia en el recurso de revisión 458/2023, mediante la cual ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) expedir el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (PNT). Esta decisión se enmarca en el cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (LGT), vigente desde junio de 2017.

El fallo se deriva de un litigio impulsado por organizaciones de la sociedad civil, que durante casi tres años han documentado casos y acompañado a víctimas de tortura en México. La organización Fundar informó que la resolución proviene del juicio de amparo indirecto 568/2022, presentado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa. En este proceso, las organizaciones integrantes del Observatorio contra la Tortura denunciaron la omisión de la FGR al no cumplir con el plazo de 180 días establecido por la ley para la emisión del PNT.

El Tribunal determinó que la FGR debe publicar el PNT en un plazo de 10 días hábiles. En su resolución, el órgano judicial subrayó que el diseño y la elaboración del Programa Nacional requieren la participación activa de las autoridades competentes y de la sociedad civil. Asimismo, destacó que, aunque se han realizado esfuerzos para concluir el PNT, su expedición es una responsabilidad exclusiva de la FGR.

La sentencia reconoce que la omisión de la FGR no solo vulnera los derechos de las víctimas de tortura, sino también el derecho de la sociedad a contar con políticas públicas efectivas que garanticen la erradicación de esta práctica. Además, el Tribunal validó el interés legítimo de las organizaciones de la sociedad civil para exigir el cumplimiento de esta obligación, al representar un interés colectivo en la defensa de los derechos humanos.

Desde 2019, las organizaciones promotoras, junto con un amplio grupo de la sociedad civil, han sostenido diversas mesas de trabajo con la asesoría técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Estas reuniones incluyeron a autoridades como la FGR, la Secretaría de Gobernación (Segob) y organismos públicos de derechos humanos, con el objetivo de construir de manera participativa el PNT.

El proceso incluyó un diagnóstico que reconoce la persistencia de la tortura en México, así como la definición de objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores e instrumentos de seguimiento y evaluación, establecidos en un Comité Directivo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el PNT no ha sido publicado hasta la fecha.

Las organizaciones promotoras hicieron un llamado a la FGR para que cumpla con su responsabilidad de publicar el Programa Nacional en el plazo establecido y garantice su adecuada implementación, en coordinación con todas las instituciones del Estado, especialmente las instancias de procuración de justicia a nivel nacional.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU reconoció el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que litigaron el caso y destacó que esta sentencia evidencia la importancia de contar con una judicatura independiente, capaz de supervisar imparcialmente la aplicación efectiva del marco normativo de derechos humanos en México.

En un comunicado, la ONU expresó: “Saludamos la sentencia del #PJF que ordena expedir el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la #Tortura, establecido por ley desde hace siete años. Ofrecemos continuar brindando acompañamiento técnico para su adopción. La #Tortura persiste en México y debe erradicarse”.