El INE define las reglas clave para los gastos en la elección judicial

En un escenario cargado de tensión y expectativa, los consejeros del **Instituto Nacional Electoral (INE)**, Carla Humphrey y Jorge Montaño, revelaron en entrevistas separadas que el momento crucial para recibir el primer **pago** de 800 millones de pesos por parte del **Gobierno** se perfila entre finales de enero y principios de febrero. La consejera Humphrey, con voz firme pero llena de urgencia, expuso que la presidenta **Claudia Sheinbaum** les había confiado en una reunión que **Hacienda** ya tenía los 800 millones de pesos provenientes de los fideicomisos del Poder Judicial en sus cuentas. Sin embargo, un velo de incertidumbre se cierne sobre el proceso debido a temas jurídicos pendientes.

“Ella nos dejó claro que no deseaba que todo ese monto fuera destinado exclusivamente al Poder Judicial”, declaró Humphrey, con un tono que resonaba como un eco de lucha por el bien común. “Quería que esos recursos se tradujeran en acciones más tangibles para la ciudadanía, como salud, educación y otros servicios esenciales”.

Con un aire de determinación, Humphrey añadió: “Estamos activando todos los **procesos** necesarios para lograr esta **ampliación**, y esperamos que los fondos lleguen a más tardar en quince días”.

Por su parte, el consejero **Jorge Montaño**, con una serenidad que contrastaba con la gravedad del momento, confirmó que los trabajos comenzarían considerando este **presupuesto**. “Todo surgió a partir de una conversación respetuosa con la presidenta **Claudia Sheinbaum**”, relató Montaño, como si cada palabra fuera un eslabón en la cadena del destino. “Hubo una disposición genuina de apoyar al **Instituto Nacional Electoral**. Le presentamos nuestras necesidades más urgentes, y se habló de una cifra que podría oscilar entre mil y mil 500 millones de pesos”.

Pero la trama no termina ahí. En un giro que promete cambiar las reglas del juego, la consejera Humphrey anunció que la Comisión de Fiscalización está ultimando los lineamientos para definir los **gastos** permitidos durante las campañas judiciales. “La **reforma** establece que el **tope** será equivalente al de una candidatura independiente para una diputación federal, es decir, 220 mil pesos”, explicó, con una voz que parecía predecir el futuro. “Sin embargo, como **Consejo General**, estamos trabajando en una **interpretación** que permita establecer un escalonamiento de estos topes, priorizando las candidaturas nacionales o federales, como ministros, ministras y la Sala Superior, seguido de las regionales y, finalmente, magistraturas y juzgados”.

Y como si el destino quisiera añadir un último giro dramático, Humphrey adelantó que el **catálogo** de **infracciones** para las candidaturas será aprobado en la próxima sesión del **Consejo General**, marcando así un antes y un después en la historia de las elecciones judiciales.

El mundo observa con atención, mientras el INE teje un entramado de decisiones que podrían definir el rumbo de la justicia en el país. Cada palabra, cada cifra, cada decisión, parece ser el preludio de un capítulo que quedará grabado en la memoria colectiva.