La caída del presidente Yoon Suk Yeol y el colapso del estado de derecho

En el corazón de Seúl, la capital de Corea del Sur, una tormenta política de proporciones épicas se desató, sacudiendo los cimientos de la democracia y sumiendo al país en un abismo de incertidumbre. El ex presidente Yoon Suk Yeol, otrora líder de la nación, se encontraba ahora en el ojo del huracán, acusado de rebelión tras su controvertida declaración de ley marcial el pasado mes de diciembre.

El miércoles, bajo la sombra de la noche, cientos de agentes anticorrupción y policías irrumpieron en su residencia, un bastión que había resistido semanas de asedio. Tras diez horas de interrogatorio, en las que Yoon guardó un silencio inquebrantable, fue trasladado a un centro de detención cerca de Seúl. Sus abogados, desesperados, clamaron ante los tribunales, pero la Corte del Distrito Central rechazó su petición de liberación, sellando así el destino del ex mandatario.

La tensión se palpaba en las calles. Cientos de simpatizantes, con pancartas alzadas y voces llenas de furia, se congregaron frente al tribunal y el centro de detención, exigiendo justicia y libertad para su líder caído. Pero el destino de Yoon no dependía ya de las multitudes, sino de las frías deliberaciones del Tribunal Constitucional, que debía decidir si lo destituiría formalmente o lo restituiría en el cargo.

La sombra de la rebelión lo acechaba. Yoon, quien había intentado romper el estancamiento legislativo desplegando tropas alrededor de la Asamblea Nacional, había desencadenado la crisis política más grave desde la democratización del país en la década de 1980. Sus acciones, consideradas por muchos como un intento de golpe de estado, lo habían llevado a perder sus poderes presidenciales y a enfrentar la posibilidad de una condena a cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

En un mensaje de video grabado horas antes de su detención, Yoon, con voz temblorosa pero firme, lamentó el colapso del estado de derecho en su país. Aceptó su arresto para evitar la violencia, pero no sin antes cuestionar la legalidad de las acciones en su contra. Sus abogados insistieron en que la agencia anticorrupción carecía de autoridad para investigar las acusaciones de rebelión, pero sus argumentos cayeron en oídos sordos.

Mientras tanto, el reloj seguía corriendo. Si los fiscales presentaban cargos formales, Yoon podría permanecer bajo arresto hasta el primer fallo judicial, un proceso que podría extenderse por meses. El destino de un hombre, y quizás de toda una nación, pendía de un hilo.

En las calles de Seúl, el eco de las consignas y el clamor de la multitud resonaban como un presagio. ¿Sería este el fin de una era, o el inicio de una nueva lucha por la justicia? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura: Corea del Sur jamás volvería a ser la misma.