El Gobierno federal anuncia la desaparición de Segalmex tras escándalos de corrupción

El Gobierno federal está próximo a oficializar la desaparición de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un órgano descentralizado creado en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este organismo, que buscaba retomar las atribuciones que tuvo Conasupo en gobiernos anteriores, se vio envuelto en uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio pasado.

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó un proyecto de decreto para la desincorporación de Segalmex, que será fusionada con Diconsa, una paraestatal adscrita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). La fusión, aprobada por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, deberá concretarse en un plazo máximo de dos años.

La presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado esta medida desde septiembre, aunque el decreto no hace referencia a los escándalos que llevaron a procesos penales y caos administrativo en Segalmex prácticamente desde su creación. El objetivo declarado de la fusión es garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como mejorar la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población más vulnerable del país.

Según el documento oficial, la fusión permitirá optimizar recursos al reducir gastos administrativos y presupuestarios. Cabe destacar que Segalmex y Diconsa comparten un mismo cuerpo directivo, lo que facilitará la integración de sus funciones.

A pesar de que Segalmex cuenta actualmente con solo 132 empleados, frente a los más de 4,000 de Diconsa, aún tiene asignados 12,500 millones de pesos en el presupuesto de 2025 para pagar precios de garantía a los productores.

El manejo administrativo de Segalmex, bajo la dirección de Ignacio Ovalle, estuvo marcado por desvíos de recursos e irregularidades que ascendieron a aproximadamente 15,000 millones de pesos, lo que derivó en múltiples acusaciones penales. Desde abril de 2022, la justicia federal ha emitido 56 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en los desfalcos, aunque, hasta finales de 2024, solo diez personas se encontraban en prisión. De los implicados, 34 fueron imputados ante un juez, y cinco se convirtieron en testigos colaboradores.

Este proceso marca el fin de un organismo que, pese a sus objetivos iniciales, se convirtió en un ejemplo de mala gestión y corrupción en la administración pública.