Despido de funcionario en Tijuana por apoyo a migrantes genera controversia

El Secretario del Ayuntamiento de Tijuana, Arnulfo Guerrero León, solicitó la renuncia de José Luis Pérez Canchola, funcionario encargado de atender a migrantes en el puerto de El Chaparral, siguiendo órdenes del Alcalde morenista, Ismael Burgueño. Este hecho ocurrió tras las declaraciones públicas de Pérez Canchola, en las que expresó su apoyo a las personas en tránsito y criticó la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno para abordar la crisis migratoria.

El despido se produjo en un contexto complejo, marcado por la toma de posesión de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, lo que generó incertidumbre entre los migrantes que esperaban ingresar al país vecino. Aproximadamente 100 personas permanecieron varadas en el puerto fronterizo de El Chaparral, a pesar de contar con citas programadas a través de la aplicación CBP One para solicitar asilo. Muchos de ellos habían esperado desde las 19:00 horas del domingo hasta las 15:30 horas del lunes sin recibir información clara sobre su situación, hasta la intervención de Pérez Canchola.

El exfuncionario se comprometió a gestionar con el Consulado de Estados Unidos en Tijuana una mayor claridad sobre el programa CBP One, cuya suspensión fue ordenada por el nuevo gobierno estadounidense. Además, destacó la urgencia de crear un fondo de migralidad para apoyar a los albergues locales, que ascienden a unos 30 en la ciudad. Pérez Canchola enfatizó que, en su opinión, tanto los migrantes nacionales como los extranjeros tienen los mismos derechos humanos, incluyendo el derecho a permanecer en Tijuana mientras se regularizan sus documentos.

En un comunicado, Pérez Canchola explicó que su despido fue consecuencia de sus declaraciones en medios de comunicación, mesas redondas y conferencias, donde abogó por una mejor atención a la población migrante y una coordinación efectiva entre los gobiernos federal, estatal y municipal. El Alcalde Burgueño, por su parte, fue el único en declarar una emergencia por la crisis migratoria, aunque su decisión de despedir a Pérez Canchola ha sido objeto de críticas.

La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, defendió al Alcalde Burgueño, argumentando que los Ayuntamientos son independientes en sus decisiones. “Por algo tomó esa decisión”, justificó. En lugar de Pérez Canchola, fue nombrada Nivia Kareli Ruiz Berumen, quien cuenta con un posgrado en derecho internacional, lo que sugiere un enfoque técnico en la gestión de la migración.

Este caso refleja las tensiones políticas y sociales en torno a la migración en la frontera norte de México, así como los desafíos que enfrentan los funcionarios públicos al abordar un tema tan sensible y polarizado. La situación invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la defensa de los derechos humanos y las presiones políticas en un contexto de crisis migratoria.