La crisis de violencia en Tabasco y su impacto en la seguridad estatal

El estado de Tabasco, históricamente conocido por su riqueza natural y cultural, enfrenta actualmente una grave crisis de violencia que cuestiona su reputación como un “edén”. Entre 2023 y 2024, los índices de delincuencia han experimentado un aumento alarmante, con un incremento del 300% en asesinatos. Según datos recientes, más del 95% de los habitantes de Villahermosa, la capital estatal, perciben la ciudad como insegura, debido a constantes balaceras que han afectado vehículos, comercios y viviendas.

Esta ola de violencia se ha desarrollado en un contexto político complejo. Desde 2018, el partido Morena gobierna Tabasco, coincidiendo con el inicio del incremento en la actividad delictiva. Sin embargo, en lugar de asumir responsabilidades, los líderes políticos han optado por culparse mutuamente. Por ejemplo, el actual gobernador, Javier May, ha señalado a su predecesor, Adán Augusto López Hernández, por haber designado a Hernán Bermúdez Requena como titular de Seguridad Estatal, a pesar de sus presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”.

“La Barredora”, inicialmente conocida como “La Hermandad”, operó durante años como un “cártel policiaco”, controlando actividades ilícitas como el tráfico de drogas, migrantes y trata de personas. Posteriormente, se alió con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que exacerbó la violencia en la región. En 2022, Bermúdez fue vinculado en informes de inteligencia militar como operador clave de estos delitos, lo que generó una crisis de confianza en las instituciones de seguridad.

La situación alcanzó un punto crítico en diciembre de 2023, cuando una ruptura interna en “La Barredora” desencadenó una serie de enfrentamientos violentos, incluyendo un intento de asesinato contra Bermúdez en una zona residencial de Villahermosa. Finalmente, en enero de 2024, Bermúdez renunció a su cargo tras semanas de disturbios, quemas de vehículos y narcobloqueos. Fue reemplazado por el militar Víctor Hugo Chávez Martínez, quien también enfrenta acusaciones de proteger al CJNG, junto con el fiscal José Barajas Mejía.

En conclusión, la crisis de violencia en Tabasco no solo refleja un problema de seguridad pública, sino también una profunda fragmentación política y la infiltración del crimen organizado en las instituciones estatales. Para abordar esta situación, es necesario un enfoque integral que combine medidas de seguridad efectivas con una rendición de cuentas transparente y la reconstrucción de la confianza ciudadana.