Policías de Puerto Vallarta vinculadas a proceso por corrupción y abuso

Ahí te va, la historia de dos policías viales de Puerto Vallarta que decidieron que su trabajo no era solo multar, sino también hacer su agosto a costa de los ciudadanos. Ángeles Margarita “N” y Natalia “N” (porque, claro, los nombres completos son como los spoilers de Netflix: mejor no revelarlos) fueron denunciadas por abuso de autoridad y cohecho. O sea, básicamente por ser el vivo ejemplo de por qué la gente desconfía de la autoridad.

El 23 de septiembre de 2023, estas dos heroínas sin capa le dijeron a un conductor que se detuviera por pasarse un alto. Hasta ahí, todo normal. Pero luego, en un giro digno de una telenovela barata, le pidieron 5 mil pesos para dejarlo ir. El conductor, que no estaba para gastos extras, les dijo: “Oye, dame la infracción y nos vemos en el juzgado”. Pero no, las oficiales le soltaron que él y sus acompañantes estaban alcoholizados (spoiler: no lo estaban) y que tenían que pagar para irse. ¿Qué sigue? ¿Un secuestro express?

Como los ciudadanos no se dejaron intimidar, las oficiales llamaron refuerzos. Llegó otro policía y, entre los tres, se pusieron creativos: agredieron verbal y físicamente al copiloto, lo esposaron sin razón aparente y, para rematar, el conductor y su otro acompañante decidieron huir en su auto. Spoiler: no les fue bien. Chocaron cuadras adelante mientras eran perseguidos por dos elementos viales. Uno logró escapar, pero el otro fue detenido y presentado ante un juez municipal junto con el copiloto esposado. Ambos llegaron golpeados, porque, obvio, la justicia en México siempre llega con un extra de violencia.

Cinco días después, una de las víctimas viajó a Guadalajara para denunciar el caso en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Y así empezó el circo: se abrió una investigación, se vinculó a proceso al exjuez municipal Felipe “N” por abuso de autoridad (porque, claro, alguien tenía que tapar los golpes de los detenidos), y a las oficiales les impusieron medidas cautelares. Ahora están suspendidas de sus cargos, tienen que firmar mensualmente en la Unidad de Medidas Cautelares y, por supuesto, no pueden acercarse a las víctimas ni a sus domicilios.

En resumen: dos policías que pensaron que podían jugar a ser mafiosas, un juez que prefirió hacerse de la vista gorda y un sistema que, aunque lento, al menos intenta hacer algo. ¿Qué sigue? Esperar que la justicia no se quede en suspenso como una serie de HBO.